Este 15 de noviembre se conmemora un año más de la masacre obrera,
ocurrida en 1922; ya han pasado 92 años de aquel fatídico día que llenó de
sangre el Río Guayas, pero aún el recuerdo sigue fresco en la memoria de los ecuatorianos;
gente guerrera que defiende sus derechos sin claudicar, derechos que algunos
gobernantes han querido violentar, pero la contrafuerza ejercida por cada uno
de los grupos y gremios de trabajadores no ha permitido que se anulen, al memos
del todo, los logros alcanzados por la clase obrera, motor del país.
Apropósito de la conmemoración, el Presidente Rafael Correa,
presentará el mismo día las reformas puntuales al Código Laboral, reformas que
han causado insatisfacción en los grupos involucrados, ya que las mismas no han
sido debidamente debatidas, trabajadas y socializadas tripartitamente –gremios
de trabajadores, empresarios, Estado-.
Dentro de la convención nacional del Frente Unitario de Trabajadores
(FUT), desarrollada en días pasados en la ciudad de Guayaquil, se evidenció el
malestar que causa la creación de leyes que vulneran los derechos de trabajadores,
grupos sociales; enmiendas arbitrarias, persecución a dirigentes y estudiantes,
y más situaciones de inconformidad que están creciendo en el corazón de la
sociedad, generando un grave conflicto social, lo que el Gobierno parece no
ver.
Estas manifestaciones deberían indicar, si así se lo quiere, el sentir
de la sociedad; deberían servir de medidor de la gestión pública y resultar en
cambios o acciones concretas para desarrollar política pública en busca de dar
el buen vivir a todos y a todas; pero a cambio solo se obtiene más represión,
manifestaron los principales dirigentes del las organizaciones asistentes.
Sindicatos, salarios, utilidades, estabilidad laboral, modalidades de
contratación, tipos de trabajo, empleo, institucionalidad y jubilación serían parte
de las modificaciones propuestas que incluiría el proyecto parcial, según la
Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional.
En materia de sindicatos, según el oficialismo, el objetivo es “democratizar” la elección de los dirigentes
implementando los sindicatos por ramas y reducir la “brecha salarial”
estableciendo un mecanismo que permita un incremento proporcional de los
salarios. Además la creación de una institución que incluya un nuevo Consejo
Nacional del Trabajo, un Instituto Técnico de Salarios y garantizar la
estabilidad laboral a través de dos mecanismos: la implementación del despido
nulo por causas de discriminación y embarazo, y la redefinición de las
modalidades de trabajo.
Pero a esto, ¿cómo responden las organizaciones de
trabajadores?, no pueden hacerlo de otra manera que realizando marchas y
plantones, debido a la no apertura a discutir estos temas tripartitamente, como
es la propuesta de estos grupos. La próxima manifestación a nivel nacional se
llevará a cabo el 19 de noviembre, solo cuatro días después de que el Gobierno
oficialice su propuesta.
En una entrevista
realizada por un medio de comunicación a Mesías Tatamuez, principal de la Confederación
Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitaria de Trabajadores (Cedocut),
dijo que Cedocut no intenta imponer su propio Código, sino que exhortamos a que
sea socializado con todos los involucrados, dijo el dirigente sindical.
Los gremios están a favor
de un nuevo Código, pero de un documento que previamente sea socializado, del
que se recojan sugerencias, objeciones y propuestas, para que luego sea
reelaborado en base al consenso de las partes; de esta manera sería sin duda más
que un compendio de leyes un triunfo de todos.
Ya en el 2012, según las
declaraciones de Tatamuez, la Cedocut envío un proyecto de código del cual
mencionó, "nuestra propuesta fue
que tomemos en cuenta todos los sectores y hacer solo un documento e incluyendo
en el tripartismo (Gobierno-trabajadores-empresarios). Si no hay tripartismo,
realmente no pasa nada (…) los dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores
jamás mencionaron no querer un nuevo código, puesto que fueron los de la
iniciativa antes que el Gobierno lo plantee”
Uno de los desacuerdos
está en la décimo tercera y décimo cuarta remuneración, de la cual enfatizan
que no son negociables; los grupos de trabajadores también luchan porque se
revisen y mejoren los puntos sobre la jubilación patronal, el desahucio, la
libertad sindical, la contratación colectiva, entre otros.
La propuesta de ley consta
de 528 artículos, doce disposiciones generales, cinco transitorias, diez
reformatorias, cuatro derogatorias y una final; como ya lo hemos dicho, parte
de sus reformas han generado disconformidad en el sector trabajador, dos de las
más polémicas son el reemplazo de la jubilación patronal por un bono y la mensualización
del décimo tercero y décimo cuarto salario.
Los sindicatos, gremios, frentes y demás organizaciones demandan la
inconstitucionalidad de la propuesta que modificaría la situación laboral del
trabajador, ellos se amparan en el numeral 3 del artículo 35 de la Constitución
del 98, citaba “El Estado garantizará la intangibilidad de los derechos
reconocidos a los trabajadores, y adoptará las medidas para su ampliación y
mejoramiento”. Seguidamente, en el numeral cuatro se determinó que “los
derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación que
implique su renuncia, disminución o alteración”. Actualmente la Constitución
hace mención a los derechos del trabajador así: “Los derechos laborales son
irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario”, numeral
dos del art. 326.
Las modificaciones puntuales serían entre otras:
· Pago de utilidades en acciones de la empresa a su valor comercial.
· Regulación del derecho a la huelga, sin la toma de instalaciones y que
se realice fuera de las mismas.
· Elecciones de las directivas de los sindicatos a través de voto
secreto, vigiladas por veedurías del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social.
· Regular permisos sindicales remunerados de los dirigentes en el sector
privado.
· El aviso de terminación del plazo fijo en un contrato de trabajo se lo
hará a través de los formularios oficiales del Ministerio de Relaciones Laborales.
· Sindicalización y contratación colectiva por rama de actividad.
· Se establecerán multas a quienes discriminen directa o indirectamente
por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género,
entre otras.
· En la actualidad la indemnización por despido a una mujer embarazada
es el equivalente a un año de remuneraciones y la protección sólo abarca a su
estado de embarazo y descanso por maternidad, pero no durante la licencia de
lactancia. La reforma contempla que se pagará una indemnización equivalente a 2
años de remuneraciones, protección que se extiende al período de lactancia.
· Los operarios artesanales serán remunerados al igual que todo
trabajador, percibiendo las decimotercera y decimocuarta remuneraciones de ser
el caso, y utilidades.
· Se sustituiría la jubilación patronal y la bonificación por desahucio, y
se crea la bonificación por terminación de contratos a plazo fijo
· Eliminar la obligación de contar en las instalaciones con dispensarios
médicos, estos servicios deben recibirse a través de convenios con el IESS, MSP
o instituciones privadas. No deban contar obligatoriamente con guarderías,
servicio que deberá ser compensado por el empleador a sus trabajadores.
· Mensualización de las décimo tercera y décimo cuartas remuneraciones.
Para el sector privado será optativo y obligatorio para empleados públicos.
· La huelga se podrá realizar en el interior de las empresas, en un lugar específico, no en todas las
instalaciones y deberá presentarse el pliego de peticiones a los directivos.
· Al interior de las comisiones
sectoriales, además de revisarse los incrementos salariales mínimos, se
debatirán los máximos sectoriales. “Los máximos de la alta gerencia.
· La Junta Bancaria tiene la obligación de poner límites a los salarios
de los gerentes de los bancos, entre otros aspectos.
Hay que rescatar que
existen aspectos en los cuales se generarían avances, pero no se pueden lograr los
mismos cuando hay grandes amenazas hacia los logros obtenidos por la lucha de
los grupos sindicalistas, contienda que ha derramado sangre, como lo sucedido
hace 92 años; pero la reyerta es más que
válida por la defensa de los derechos colectivos de quienes hacemos crecer la
economía del país, entregando nuestro tiempo y dedicación en el desempeño de
las actividades laborales diarias, cualquiera que sea esta.
Edgar Sarango, presidente
del Frente Unitario de Trabajadores, durante la convención nacional de la
organización destacó que la vulneración de sus derechos (de los trabajadores)
los ha llevado a movilizarse permanente, salir a las calles a exigir al Gobierno
rectificar y revisar las propuestas anti populares, anti obreras, que son dictadas desde la oligarquía
y la derecha.
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