Los
estudiantes detenidos durante las protestas ocurridas el pasado 17 de
septiembre en la capital, podrían acogerse aún a dos recursos para lograr su libertad;
la fianza o la conciliación, recursos que pretenden agotar ante la jueza Diana
Mayorga, quien deberá resolver si acepta uno de los dos recurso o los desestima
y da lugar a una sentencia en la que se aplicaría el nuevo Código Integral
Penal.
Los
abogados defensores, Julio César Sarango y Gonzalo Realpe, esperan que la jueza
acepte su pedido y absuelva a los jóvenes, quienes están al término de sus
estudios, una sentencia significaría interrumpir los mismos y les ocasionaría
un gran daño.
El
fiscal Javier Bósquez manifiesta que los daños ascienden a 4 mil dólares, a lo
que los abogados defensores alegan: “estamos dispuestos a pagar el daño de los
bienes, así podemos restituir a la ciudad y evitar que a los jóvenes se les
prive de la libertad, del
derecho al estudio” acotó Realpe. Mientras Cesar Sarango apunta a que lo más
favorable es cubrir los daños materiales y que los estudiantes realicen trabajo
comunitario a condenar a personas sin antecedentes judiciales.
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