Tres jueces, que fueron retirados de la CNJ
tras su reorganización, aceptaron casar la sentencia que condenó a la maestra.
Ella considera que se trata de una persecución en su contra.
La revisión de la pena de ocho años que le fue impuesta a
Mery Zamora por el delito de sabotaje y terrorismo de parte del Tribunal Décimo
de lo Penal del Guayas, y una sanción a los jueces de la Corte Nacional de
Justicia (CNJ) que la absolvieron, son los propósitos centrales de la acción de
protección extraordinaria que planteó la Fiscal, cuya primera audiencia pública
se efectuó ayer.
Estos dos propósitos se evidenciaron durante la
intervención del fiscal general, Galo Chiriboga, ante la jueza sustanciadora
Ruth Seni.
Ahí, Chiriboga y los abogados de la maestra, Juan Vizuete
y Pedro Granja, expusieron sus respectivos alegatos, aunque no hay plazo para
que la magistrada emita un informe para que el pleno de la CC adopte una
postura definitiva en cuanto a la suerte de Zamora.
Según expuso,Chiriboga, hay normas constitucionales que la
entonces Sala Penal de la CNJ, integrada por los ahora exjueces Mariana Yumbay,
Ximena Vintimilla y Jhonny Ayuardo, fueron vulnerados al conceder a Zamora el
recurso de casación, con lo que se dejó sin efecto la sentencia de ocho años de
prisión, dictada por el Tribunal Décimo de lo Penal del Guayas.
El fiscal fue categórico en advertir que los referidos
jueces realizaron una interpretación “inadecuada” de la ley al absolver a
Zamora, en lugar de modificar el supuesto error en la presentación del tipo
penal.
Para Galo Chiriboga el 30 de septiembre de 2010 durante la
revuelta policial hubo delito por parte de la maestra al incitar a los
estudiantes del colegio Aguirre Abad; sin embargo, no comparte la pena de ocho
años que se dictó en su momento. De ahí que pidió a la CC admitir su recurso y
se sancione a quienes incumplieron los principios y derechos.
A su turno, Juan Vizueta inició su intervención rechazando
la decisión de la CC en admitir a trámite la acción porque la Constitución establece
que el Ecuador es un Estado de derecho y justicia, donde se protege los
derechos humanos de los ciudadanos y de ninguna manera los de una entidad
pública.
En el evento de que se acepte el recurso se sentará un
pésimo procedente porque mañana vendría algún municipio y otra institución a
platear la violación de sus derechos humanos, lo cual sería nefasto,
sostuvo.”´El fiscal nos pretende explicar que la Fiscalía tiene sexo, salud,
vida, derechos educación, está totalmente equivocado´, ironizó.
Pedro Granja, en tanto dijo que la CNJ ya confirmó el
estado de inocencia de Mary Zamora, al igual que la Convención Americana de los
Derechos Civiles y Políticos que establece que quienes hayan recibido una
sentencia condenatoria tienen derecho a que su fallo sea revisado por un
tribunal superior. “Por tanto es absurdo que hayan comparecido como legitimado
activo si la Fiscalía es un ente que pertenece al Estado´, remarcó.(ANL)-(I).
Al término de la diligencia, Betty Zamora dijo que “en la
audiencia el Fiscal ratificó su ignorancia y desconocimiento frente a la
acción”.
Espero, anotó la profesora, que cese la persecución y que
se utilicen instrumentos judiciales para perseguir a una mujer, madre y maestra
que les ha demostrado que continúa de pie”.
Aseguró que en el evento de que la CC reforme el fallo no
huirá del país. A la audiencia, pese a ser citados no acudieron delegados de la
Procuraduría para representar a los exjueces de la CNJ, en este caso los
demandados.
fuente: el mercurio
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