El bloque oficialista confía en
que la CC entregue hasta noviembre su informe para lograr que la reelección
indefinida esté vigente en 2017.
En los próximos 2 meses la
coyuntura política podría concentrarse en la Asamblea Nacional. El proyecto de
ley de Tierras, el proyecto de la ley de Uso de Suelo, las reformas al Código
de Trabajo y el proyecto de 17 enmiendas constitucionales que el bloque de
Alianza PAIS envió a la Corte Constitucional (CC) son algunos de los temas
prioritarios en la agenda inmediata.
Sobre este último tema (las
enmiendas constitucionales), una vez que reciban la resolución de la Corte
Constitucional, ¿cuál será el cronograma para la Asamblea?
El cronograma que nos hemos
planteado lógicamente establece el cumplimiento de entrada en vigencia de
cualquier normativa que altere el proceso electoral, un año antes de que se
vierta el mismo. De tal manera que la fecha tope para aprobar el paquete de
enmiendas debería ser diciembre de 2015. Para eso hemos tratado de ajustar los
tiempos, presentando nuestra propuesta de enmienda a la CC hace un par de meses
y esperamos que a fines de este mes o máximo a mediados de noviembre la Corte
entregue a la Asamblea la resolución para empezar el trámite correspondiente,
lógicamente identificando dentro de esa resolución si la Corte valida que todos
los temas vayan por enmienda a través del Legislativo. De ser así, nuestra
tarea sería conformar una comisión especializada de asambleístas que dé lectura
y avoque conocimiento de la resolución y que proponga un informe al pleno para
el primer debate. Desde ahí se cumpliría con los plazos que establece la
Constitución: desde el primer debate tenemos 12 meses y al treceavo mes
podríamos ir al segundo debate del paquete de enmiendas. Así cumpliríamos con
los tiempos para que pueda entrar en vigencia, por ejemplo,el tema de la
reelección para 2017.
El contralor del Estado, Carlos
Pólit, ha criticado la propuesta de enmiendas a los artículos 211 y 212 de la
Constitución. ¿Cuál es su criterio al respecto?
En el paquete de enmiendas se
pidió eliminar la competencia de medición de gestión. Es decir, la Contraloría
General tiene la obligación de dar seguimiento y vigilar el buen uso de los
recursos públicos del Estado cuando es un tema de ejecución presupuestaria;
debe dar adecuado seguimiento en el proceso de contratación, controlar los
bienes y recursos que utilizan las instituciones públicas, mas no su gestión.
Es algo loco pensar que el Contralor, porque son temas muy subjetivos,
califique la gestión, que ancle el tema del control de bienes con la gestión.
Hemos recibido quejas de los gobiernos autónomos descentralizados y de otras
funciones del Estado de que el nivel de gestión se mide por el cumplimiento de
los objetivos del Plan Nacional de Buen Vivir, mas no es una tarea que el
Contralor deba ejercer. Ya hemos presentado nuestros descargos frente a cada
uno de los artículos para la enmienda y es la CC la que tiene la última palabra
en ese tema.
¿El Contralor expresó su
preocupación ante la Asamblea?
De ninguna forma, no ha tenido
ningún acercamiento, no ha elevado ningún tipo de consulta o de recomendación a
la Asamblea Nacional frente a las competencias que la Contraloría establece o
frente a los artículos de enmienda.
¿Por qué plantear en ese
paquete de enmiendas a la comunicación como un servicio público?
Recordemos que eso fue debatido
dentro de la Ley de Comunicación: cómo la información se garantiza con medios
de comunicación que puedan democratizarse y que sean representantes no de la
banca, ni del poder económico, sino de la ciudadanía. Al plantear eso dijimos que
los medios no deben ser corporaciones que manejen información sino medios que
la faciliten y hablamos de la importancia de la información como servicio
público porque además nos pertenece a todos los ecuatorianos.
¿Qué implicaciones tendría esa
enmienda en la Ley de Comunicación o de Telecomunicaciones?
Tal vez, pero para eso tenemos
todavía un año, el que toma el debate de la enmienda, donde se dilucidará
cuáles son los puntos que van anclados a otras reformas puntuales, pero
solamente una vez que la enmienda se apruebe en segundo debate dentro de la
Asamblea Nacional.
Dentro de la agenda inmediata
de la Asamblea está la Ley de Tierras. La oposición cuestiona los procesos de
socialización y hay quienes piden una consulta prelegislativa. ¿Cómo avanza el
trámite legislativo?
La consulta prelegislativa no
es necesaria en sí misma porque la ley no afectará derechos colectivos. Lo que
estamos tratando es una ley que establece principalmente una redistribución
efectiva de la tierra, un sistema de reordenamiento que faculte cuáles son
tierras de cultivo, de producción y cuáles deben ser reservas. En ese caso no
afecta derechos colectivos, por eso empezamos con la socialización en varias
provincias y la Comisión de Soberanía Alimentaria seguirá haciéndolo. La
consulta prelegislativa es obligatoria en temas que afectan derechos colectivos
y no es vinculante, pero sí recoge elementos. En la socialización se recogen
argumentos e inquietudes de la ciudadanía y lo hemos hecho todo este año, sin
esperar que la gente venga a la Asamblea en Quito sino que la misma se mueva.
No solamente es un procedimiento adecuado de socialización y de participación
sino la construcción paulatina del poder popular.
Las organizaciones sindicales
en alianzas con la Conaie anuncian una movilización para el próximo mes, al
parecer, por la Ley de Tierras y para exigir un nuevo Código Laboral. ¿Cómo se
prepara la Asamblea para este escenario?
En primera instancia, no es
nada nuevo porque en la misma socialización, cuando se hizo la consulta
prelegislativa para la Ley de Aguas, fueron los mismos dirigentes de la Conaie
y de la Ecuarunari quienes participaron del proceso y, sin embargo, al final
tuvieron una posición férrea a la aprobación de la ley. Es un modo de
mantenerse en vigencia política y ser parte de esa campaña sistemática de
desestabilización y desprestigio de las organizaciones que formamos parte del
proceso de la Revolución Ciudadana. Son dirigentes que se han opuesto a toda
ley. Por ejemplo, las mismas centrales sindicales que se oponen al Código del Trabajo
han estado en la Asamblea Nacional y han formado parte de los debates.
¿Qué pasará con el Código de
Trabajo?, ¿habrá reforma o una nueva ley?
El Código de Trabajo es una
aspiración histórica del sector trabajador que ha sido parte sustancial del proceso
de la Revolución. El Código tiene 5 propuestas, uno de ellos presentado por el
mismo FUT, el otro se presentó en un acto simbólico y fue elaborado por el
Ministro de Relaciones Laborales anterior (Francisco Vacas) sin acoger para
nada un proceso de revolución del trabajo. Por ello, Carlos Marx Carrasco está
trabajando en conjunto con la Comisión (de Derechos de los Trabajadores).
Queremos dar un aporte incluso al mundo en temas de relaciones laborales, vamos
a tomarnos el tiempo que sea necesario para elaborar un texto que marque una
pauta. Seguiremos trabajando con el Ministerio, con los sindicatos, las
centrales de trabajadores y los obreros. Pero hay que hacer cosas inmediatas,
por eso iniciaremos con algunas reformas.
¿El proyectos de reformas
vendrá del Ejecutivo o saldrá de la Comisión?
El Ministerio está planteando
reformas puntuales, pues al Ejecutivo le corresponde garantizar el cumplimiento
de derechos y propondrá el despido nulo para mujeres embarazadas, lo que sería
un avance contra lo que es violencia de género. Nosotros estamos proponiendo
otros temas. Es sustancial para la Asamblea el voto universal secreto en todos
los sindicatos para elegir a sus dirigentes. Eso es urgente porque gracias a
esa renovación sindical podremos seguir trabajando en un Código apegado a las
necesidades reales del trabajador y no a ciertos dirigentes, enquistados en la
dirección sindical por más de 20 años. Este año sería importante hacer el
primer debate.
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