El proyecto de ley de Justicia
Laboral, en estudio en la Asamblea Nacional, que busca, entre otras cosas, la
afiliación al sistema de seguridad social de las amas de casa, será evaluado
por los jubilados del país en una convención nacional a instalarse en Quito el
viernes próximo.
Según el artículo 237 de la
vigente Ley de Seguridad Social el 60% del valor de las pensiones será cubierto
por el IESS y el 40% por el Estado. Pero la reforma del Ejecutivo elimina la
obligación de asignar este 40%. La redacción señala que el Estado ´garantizará
y deberá incorporar los valores respectivos para el pago de pensiones´. La
reforma además establece que el excedente del tope a utilidades irá al régimen
de prestaciones solidarias.
Este texto, según el presidente
de la Asociación de Asambleas y Jubilados del Ecuador, Edison Lima, preocupa al
sector, debido a que su supervivencia depende del pago de las pensiones que
realiza a los 320 mil jubilados que existe en el país.
Aunque las autoridades del IESS
y del Gobierno, entre ellas el ministro coordinador de la Política Económica,
Patricio Rivera, han asegurado que no hay tal eliminación, el dirigente gremial
dice lo contrario.
Para Lima el proyecto raya en
la ilegalidad e inconstitucionalidad en virtud de que el artículo 371 de la Ley
de Seguridad Social dispone con claridad que las prestaciones de la seguridad
social se financiarán con el aporte de las personas aseguradas en relación de
dependencia y de sus empleadores, de las personas independientes aseguradas, de
los voluntarios domiciliados en el exterior; y con los aportes y contribuciones
del Estado.
Por ello, el dirigente alegó la
ilegalidad que se pretende realizar en la Asamblea, aunque divulgó que desde
años atrás el fondo de pensiones viene sufriendo fuertes reducciones, afectando
el servicio de salud.
Otro problema de la
contribución del 40%, según recordó, es el déficit creado por la falta de pago
del aporte del Estado de los servidores públicos, complicando la situación.
A ello se añade, dijo, el
recorte de 666 millones de dólares en el presupuesto para el sistema de
seguridad social para el 2015, lo que implica que el Ejecutivo y los
legisladores ´se están tomando atribuciones que nos les corresponde´. Por ello,
´estamos convocando a una convención nacional para que todas las provincias
tomemos una resolución en base de aspectos técnicos, legales y
constitucionales´, subrayó.
A su opinión, la reforma
responde a un estudio ´burocrático político´, por lo que aseguró que los
jubilados ´no vamos a aceptar de ninguna manera que se suprima este rubro que
consta en la Constitución en la Ley e incluso las mismas autoridades lo han
reconocido´.
Advirtió que preparan un documento
para ser presentado ante las Naciones Unidas y la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), en caso de que el Legislativo apruebe la reforma tal como
está concebida.
