DR. LUÍS SERRANO FIGUEROA
Artículo 146.- Homicidio culposo por mala práctica profesional.- La persona que al infringir un deber
objetivo de cuidado, en el ejercicio o práctica de su profesión, ocasione la
muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres
años. El proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión, luego de
cumplida la pena, será determinado por la Ley. Será sancionada con pena
privativa de libertad de tres a cinco años si la muerte se produce por acciones
innecesarias, peligrosas e ilegítimas.
Para la determinación de la
infracción al deber objetivo de cuidado deberá concurrir lo siguiente:
- La mera producción del resultado no configura infracción al deber
objetivo de cuidado.
- La inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas
técnicas o lex artis aplicables a la profesión.
- El resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción al
deber objetivo de cuidado y no de otras circunstancias independientes o
conexas.
- Se analizará en cada caso la diligencia, el grado de formación
profesional, las condiciones objetivas, la previsibilidad y evitabilidad
del hecho.
Debido
a la creación de este articulo un cierto grupo de médicos en las principales ciudades del país, insisten
con plantones, asambleas y debates públicos de las diferentes asociaciones
médicas, grupos sociales y centrales sindicales indicando que es difícil
determinar el homicidio culposo en un médico o trabajador de la salud
debido a que la mayoría de los hospitales no existen protocolos establecidos.
También
han manifestado que la ley que regule la mala praxis médica es viable y necesaria
pero sólo cuando exista una estructura legal suficiente como para que su
aplicación sea justa para el paciente y el trabajador de la salud, en dónde no
exista abuso de ninguna de las dos partes. Los galenos insisten en cambios y reformas del artículo 146
del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que penaliza la mala práctica
profesional.
El Dr. Galo Vizcaíno Cruz, Director Distrital 09D02 M.S.P. en su
intervención indicó que el código está estructurado para amparar a los médicos
y señala que deben de suceder 4 aspectos importantes de la muerte de un
paciente. La norma se infringirá cuando se sumen las cuatro condiciones para
proceder a una indagación previa. Asimismo enfatizo que si se cumplen tres
pasos de los cuatro no se activará el código. Con
la aplicación de este código un traumatólogo no puede realizar una cesaría,
porque la ley y la norma no lo permiten.
También señala que los médicos particulares
en su mayoría operan sin ningún certificado que respalde sus actividades y hace
énfasis en que, los quirófanos donde se
realizan dichas cirugías deben de estar debidamente implementado. Generalmente
en las clínicas clandestinas donde la mayoría de los casos son cesarías, el médico pasa por alto la infraestructura y
la falta de equipamiento para desarrollar actividades quirúrgicas.
Después de la revisión de los cuatro
pasos se procederá a la indagación. Este proceso contará con la presencia de
peritos (médicos legales) nombrados por el Ministerio de Salud Pública, peritos
nombrados por el médico acusado y peritos
de parte de la Fiscalía. La autopsia contará con la presencia de los médicos
legales autorizados y ellos definirán si hubo una negligencia, mala práctica o una
complicación. Luego de analizar estos
puntos se emitirá un juicio.
El Dr. Wilson Tenorio Mina, Vocal principal del Colegio de Médicos del
Guayas y Director del Centro de Salud Fertisa. En su intervención indicó que
han llegado a un acuerdo con la
elaboración de un adendum que especifique los términos y la rectificación del
Inciso 3 del art. 146 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), por tal motivo
este grupo no ha participado de las diferentes convocatorias para realizar manifestaciones
públicas a nivel nacional. Sin embargo enfatizo que, “con la aplicación de esta
ley los cirujanos pensaran dos o tres veces antes de realizar una operación,
debido que hay pacientes que no resisten la anestesia como es el caso de los
adultos mayores”.
Actualmente están realizando
asambleas para solicitar a la Fiscalía la nomina de los médicos legales, con la
finalidad de saber si el personal cumple con el perfil académico para ejercer
dicho cargo y de esta manera determinar si la Fiscalía cuenta con la suficiente cantidad de peritos para poder
calificar a los médicos que incurran en alguna situación de mala práctica
médica. Asimismo señalo que en la ciudad
de Guayaquil existe apatía o temor a perder su trabajo o que puedan ser
identificados. Debido a que han notado que cuando participan de las marchas en
la plaza San Francisco les toman fotos.
El Dr. Luis Serrano
Figueroa, Presidente del Movimiento Salud y Trabajo, y Presidente del Colegio Médico Provincial del Guayas (COMEPROG). En su intervención indica que
“por primera vez en la historia política del Ecuador se acaba de penalizar la
práctica profesional de los médicos. Cuando se habla de penalización se habla
de daños a las personas, ya sea un intento de asesinato o asesinato nosotros
los médicos no somos criminales para estar regidos por el Código Orgánico
Integral Penal. Este código es para las personas que han cometido un
delito y los médicos no cometemos
delitos en el accionar de la carrera profesional, mal se ha hecho en incorporar
la práctica profesional médica en dicho código”.
El Dr. Serrano está impulsando un programa llamado Médicos del Barrio, el mismo que consiste en establecer un convenio
con el Ministerio de Salud Pública, por servicios profesionales con las
Clínicas y Policlínicos que se encuentran alrededor de los Centros de Atención
Primarias de Salud (Sub-Centros). Y propone que se les pague un valor de 3,000
dolores mensuales a las clínicas particulares por este servicio.
